Tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 288, los cubanos con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en Cuba pueden realizar de modo más simplificado, y ante notario público, los actos de transmisión de la propiedad de la vivienda. Ello, además de contribuir a solucionar las dificultades habitacionales, elimina un conjunto de autorizaciones administrativas que en los últimos años devinieron fuente de corrupción.Estas informaciones, junto a otros aspectos contenidos en el mencionado Decreto-Ley, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35, fueron ampliados en conferencia de prensa efectuada en el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cuya presidenta, Oris Silvia Fernández Hernández, valoró el impacto positivo de la medida en un contexto donde el 84 % del fondo habitacional cubano se encuentra en régimen de propiedad individual.
